Subasta judicial en vía de apremio del Juzgado de Baena. Valor de subasta 108.023,92 €, sin tasación disponible. La certificación de cargas muestra una hipoteca constituida en 2004 y ampliada en 2005/2006, con una responsabilidad total histórica de 108.024 € (principal + intereses + costas), y que ha sido cedida a ZIMA FINANCE. No constan embargos posteriores. La falta de tasación y de valor de mercado impide un análisis de descuento. El riesgo principal es la subsistencia de la hipoteca, que deberá ser cancelada con el precio de adjudicación o asumida por el comprador. Recomendable consultar el Registro para conocer el saldo actual.

Riesgo medio (score 65). Existe una hipoteca inscrita que, tras ampliaciones y novaciones, tiene una responsabilidad total registral de 108.024 €, idéntica al valor de subasta. Aunque no se conoce el saldo pendiente actual, la carga hipotecaria podría consumir todo el valor del inmueble. Adicionalmente, consta un embargo registral (sin importe cuantificado) y una afección fiscal por Transmisiones. La situación posesoria es desconocida (no consta si está ocupado, vacío o si es visitable), lo que introduce riesgo de desalojo. En subastas judiciales de vía de apremio, el adjudicatario puede subrogarse en cargas anteriores, pero la hipoteca preferente sigue vigente si no se cancela con el precio de remate. No hay señales de riesgo alto (como ocupación confirmada o cargas muy superiores al valor), pero la combinación de cargas cuantiosas y falta de información eleva el riesgo por encima de bajo.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No es posible calcular descuento sobre un valor de mercado objetivo. El precio de subasta de 108.024 € puede estar por encima o por debajo del valor real; sin tasación, cualquier estimación es especulativa. La hipoteca vigente (responsabilidad total histórica de 108.024 €) podría absorber gran parte del valor, limitando el margen de ganancia. Además, la cesión del crédito a ZIMA FINANCE añade un interlocutor a considerar en la negociación de cargas. La ausencia de información sobre ocupación y la imposibilidad de visita aumentan la incertidumbre sobre el estado y la toma de posesión.