La subasta tiene un valor de salida de 652.000 €, pero no hay tasación ni valor de mercado estimado, lo que dificulta valorar la oportunidad. La cantidad reclamada (463.303,28 €) es inferior al valor de subasta, lo que sugiere que la deuda hipotecaria podría estar cubierta. Sin embargo, la ocupación declarada ('ocupantes sin derecho de permanencia') implica un riesgo de posesión: será necesario un procedimiento de desalojo que puede alargarse meses. No constan cargas adicionales en el certificado de cargas, pero siempre existe la posibilidad de cargas ocultas. La puja mínima es libre, por lo que se puede pujar por cualquier cantidad, aunque los tramos de puja son de 13.040 €. Los umbrales del 50% (326.000 €) y 70% (456.400 €) determinan las condiciones de adjudicación: si la mejor puja es inferior al 70%, el juzgado puede pedir una oferta superior o adjudicar por el 70%.

Riesgo alto porque la vivienda tiene ocupantes declarados sin derecho de permanencia, lo que hace muy probable un procedimiento de desalojo. No hay constancia de cargas económicas cuantificadas, pero el certificado de cargas no está detallado. La imposibilidad de visitar el inmueble añade incertidumbre sobre su estado real. Sin tasación, cualquier cálculo de rentabilidad es especulativo.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No se puede calcular el descuento. En Sa Torre, viviendas unifamiliares de tamaño medio pueden superar 800.000 €, pero sin inspección real y con ocupantes, el valor real es una incógnita. La subasta permite adjudicación sin puja mínima y trámites por la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero la falta de información sobre el estado interior y la posesión anula cualquier estimación de ganga.