Subasta judicial en vía de apremio (no disolución de comunidad). Hay 2 lotes con adjudicación separada. Para el lote 1, el depósito (8.042,50 €) equivale a un porcentaje relevante del valor de subasta (160.850 €) y los umbrales 50%/70% del art. 670 LEC se sitúan en 80.425 € y 112.595 €. La plataforma estima un rango de mercado (102.590,40 €–130.569,60 €) que está por debajo del valor de subasta, reduciendo el margen. En cargas, el BOE incluye cláusula estándar de subrogación y existe indicación de hipoteca/embargo, pero los importes concretos no aparecen en el texto extraído; esto impone revisar la certificación de cargas y la situación registral real. La posesión/visita no está confirmada: es un factor clave para la estrategia de puja y para valorar costes de regularización o eventual desalojo si llegara a ser necesario.

Riesgo medio porque hay dos señales concretas que obligan a revisar documentación: consta hipoteca y consta anotación preventiva de embargo en el texto de cargas, aunque no se aportan importes ni acreedor en el resumen disponible. Además, no consta la situación posesoria y la finca no es visitable, así que no se puede verificar el estado real de ocupación ni conservación. No hay señales suficientes para catalogarlo como alto por defecto, pero sí para exigir una revisión documental completa antes de pujar.

La oportunidad es limitada para el lote 1 porque sale a 160.850 € sin tasación oficial y, frente a la horquilla de mercado estimada de 102.590,40 € a 130.569,60 €, no aparece un descuento claro sobre referencia comparativa; de hecho, el precio de salida queda por encima de esa estimación. En el lote 2, el garaje también arranca en 12.500 € sin tasación, pero tampoco se puede validar un descuento real con los datos disponibles. Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El interés solo tendría sentido si la documentación confirma ausencia de cargas relevantes y el mercado local justifica pagar cerca del precio de salida.