Subasta judicial dentro de un concurso de acreedores. La cantidad reclamada en el BOE es de 999.999 €, pero esto es el total de la deuda concursal, no una carga directa sobre la finca. El único gravamen vigente es una anotación de embargo de la TGSS que está caducada. Se recomienda verificar en el Registro que la cancelación se haya producido efectivamente antes de la adjudicación.

Riesgo medio (score 35) porque hay señales concretas pero manejables. La principal carga es una hipoteca de 42.000 € a favor de la Tesorería de la Seguridad Social, en la que el adjudicatario se subroga y cuyo saldo pendiente debe confirmarse con el acreedor. Además, consta un embargo registral por más de 155.000 €, aunque la valoración pericial indica que la anotación está caducada y pendiente de cancelación, lo que sugiere que podría no afectar al adjudicatario si se cancela tras la subasta. No hay información sobre ocupación ni visitabilidad, pero al ser un solar el riesgo de desalojo es mínimo. La falta de coordinación catastral puede requerir una regularización administrativa, pero no es un obstáculo grave.

Sin tasación oficial: score de oportunidad 0 por falta de referencia de descuento. El valor de subasta (42.000 €) es el mismo que el valor de mercado estimado por un perito en enero de 2026, lo que indica que no hay margen de descuento evidente. No obstante, el solar se encuentra en una zona edificable y el precio por metro cuadrado (160 €/m²) está dentro del rango de mercado (120-180 €/m²). La oportunidad reside en adquirir un suelo urbano consolidado sin puja mínima, lo que podría permitir obtenerlo por debajo de su valor de mercado si no hay competencia, pero la existencia de cargas (hipoteca y embargo) reduce el atractivo y debe cuantificarse su impacto económico.