Se trata de una subasta judicial en vía de apremio sobre una vivienda habitual. El valor de subasta es de 106.914 €, idéntico a la tasación. La certificación de cargas revela una hipoteca subsistente por el principal de 106.914 € (más intereses y costas), lo que implica que el adjudicatario deberá subrogarse. La cantidad reclamada es de 36.660,43 €, muy inferior al valor de subasta, lo que sugiere que el deudor tiene un crédito menor o que existen otros acreedores. Al ser vivienda habitual, existe riesgo de ocupación y posible aplicación de la protección de la vivienda habitual (Ley 1/2013). El comprador debe considerar los costes adicionales: ITP (10%), notaría, registro y posible plusvalía municipal. El análisis de viabilidad muestra que sin un descuento en la puja, la operación no es rentable.

El riesgo es alto (78/100) porque el adjudicatario debe subrogarse a una hipoteca de 106.914 €, cuyo saldo pendiente debe verificarse antes de pujar. Además, la situación posesoria es desconocida: no consta si la vivienda está ocupada ni si es visitable, y se desconoce su estado de conservación. La falta de importes concretos sobre cargas adicionales (solo se menciona una afección fiscal sin cuantificar) añade incertidumbre. No hay señales de embargo activo ni de cargas preferentes que aumenten el riesgo más allá de lo habitual en subastas judiciales.

Sin tasación independiente: el valor de subasta coincide con la tasación oficial, por lo que el descuento aparente es del 0 %. Al no haber precio de mercado de referencia, el score de oportunidad es bajo (20/100). La obligación de asumir una hipoteca por 106.914 € supone un coste total que puede duplicar el desembolso inicial, lo que reduce el atractivo de la inversión. Aunque no existe puja mínima, la ausencia de diferencial entre precio de salida y tasación implica poco margen para obtener plusvalías.