La subasta se rige por la LEC, con los umbrales del artículo 670: si la mejor puja es >=70% del valor de subasta (147.089,25 €), el remate se aprueba directamente. Si es entre 50% (105.063,75 €) y 70%, el ejecutado puede presentar un tercero que mejore la puja. Al no haber puja mínima, se puede pujar por cualquier cantidad, pero el depositario solo recupera su depósito si no es el mejor postor. La carga hipotecaria (123.152 € + intereses y costas) y el embargo (35.891 €) suman un pasivo significativo que deberá asumir el adjudicatario o negociar con los acreedores. Se recomienda obtener una nota simple actualizada y asesorarse legalmente antes de pujar.

Riesgo alto porque la vivienda está ocupada y es la vivienda habitual del demandado, lo que hace muy probable un desalojo contencioso. A esto se suman cargas cuantificadas: hipoteca subsistente con un principal de 1.152 € según el registro (pero con una responsabilidad hipotecaria original de hasta 223.000 €, que puede haberse reducido) y un embargo por 35.891 €. Si esos importes no se cancelan con el precio de remate, el adjudicatario los hereda. Además, no hay tasación que sirva de ancla, y la situación posesoria exacta (visitable, estado interior) se desconoce, lo que añade incertidumbre.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No es posible calcular un porcentaje de descuento respecto al valor de mercado. Aunque el precio de salida (210.128 €) puede parecer atractivo para una vivienda de 94 m² en Tordesillas, la ausencia de tasación impide confirmar si es una ganga. Además, el adjudicatario se subroga en la hipoteca anterior (saldo pendiente a confirmar con el banco) y en el embargo de 35.891 €. La oportunidad solo existe si el coste total (precio de remate + deuda subsistente) está muy por debajo del valor de mercado, pero hoy no hay datos para afirmarlo.