Actuación judicial en vía de apremio. Valor de subasta y tasación coinciden en 87.210 €. La puja mínima publicada es significativamente inferior al valor de subasta (2.000 €), pero eso no implica que el valor “real” del activo vaya a ser 2.000 €: el mecanismo legal de adjudicación depende de los umbrales (50%/70%) y de la puja más alta. El documento aportado indica hipoteca y referencia a ejecución hipotecaria, aunque los importes exactos de cargas adicionales no se reflejan con nitidez en el extracto; por tanto, el análisis de riesgo depende de leer la certificación de cargas completa y cruzarla con la nota registral que corresponda.

Riesgo medio por dos señales concretas: consta hipoteca vigente y sin cancelar en la certificación, y además aparece referencia a embargo registral en el texto procesado. A eso se suma que la situación posesoria no consta, así que no puede descartarse una entrega complicada del inmueble. No es un caso de riesgo alto automático, porque el BOE no cuantifica otras cargas y no hay constancia clara de ocupación, pero sí hay suficientes incógnitas para exigir revisión documental antes de pujar.

La oportunidad es moderada, no excepcional: el precio de salida coincide con la tasación, así que no hay descuento inicial sobre referencia oficial. El análisis de mercado sitúa el valor estimado entre 76.744,80 € y 97.675,20 €, con confianza baja, por lo que el tramo atractivo existe pero no está cerrado con precisión. El margen mejora si la adjudicación queda muy cerca del mínimo o de los umbrales legales, pero con un activo hipotecado y cargas a revisar no conviene asumir un gran descuento sin verificar costes reales. La clave aquí es entrar solo si has comprobado cargas, posesión y el coste total final.