Se trata de una subasta de la Agencia Tributaria con un valor de subasta de 3.136 € y una puja mínima de solo 313,60 €. El depósito exigido es del 5% del valor de subasta (156,80 €). La subasta puede prorrogarse hasta 24 horas si se reciben pujas en los últimos minutos. Los umbrales de adjudicación según el artículo 670 de la LEC son: 1.568 € (50% del valor de subasta) y 2.195,20 € (70%). El adjudicatario deberá asumir los gastos de cancelación de cargas registrales pendientes, según advierte el BOE. No hay documento de cargas descargado, por lo que es imprescindible obtener la certificación de cargas en el Registro de la Propiedad antes de pujar.

Riesgo medio (score 55/100) porque, aunque no hay cargas cuantificadas ni ocupación confirmada, la situación posesoria es desconocida y el bien no es visitable. La mención en el BOE a «cargas pendientes de cancelación formal cuyos gastos serán a cargo del adjudicatario» es una señal estándar que no implica necesariamente un alto riesgo, pero al no conocerse su importe añade incertidumbre. No hay indicios de deudas elevadas, vivienda habitual, nuda propiedad ni embargo con importe relevante. El principal riesgo operativo es adquirir una plaza que no se pueda usar o revender sin antes asumir costes de cancelación registral.

Existe un descuento implícito del 90% sobre el valor de tasación si se puja desde la puja mínima de 313,60 €, ya que la tasación es de 3.136 €. No obstante, al coincidir valor de subasta y tasación, no hay un descuento sobre un precio de mercado independiente. Sin tasación de referencia municipal que permita contrastar el valor real, el score de oportunidad se ve limitado a 30/100. Además, la advertencia de cargas pendientes de cancelación formal sin cuantificar introduce incertidumbre sobre el coste final. Si las cargas resultan ser menores y la plaza está libre, la rentabilidad potencial sobre la inversión mínima es muy alta, pero el riesgo debe evaluarse con datos concretos.