El activo es un inmueble mixto de seis unidades (local más cinco viviendas) en un único lote, con valor de subasta 369.712,56 € y cantidad reclamada de solo 44.848,39 €. Esa brecha sugiere que la deuda que mueve el procedimiento es modesta frente al valor declarado, pero no sustituye una due diligence por unidad: arrendamientos, IBI, posibles derramas, estado de cubiertas e instalaciones, y título de cada finca si estuvieran desagregadas. La ficha no trae referencia catastral, IDUFIR ni inscripción registral, así que el primer filtro profesional es reconstruir la finca en Catastro y Registro antes de anclar ninguna puja. Sin tasación ni rango de mercado, cualquier modelo de rentabilidad (alquiler del local más cinco rentas) es hipotético.

Riesgo medio, el de una subasta judicial voluntaria habitual. No hay cargas cuantificadas ni hipoteca o embargo expresos en los datos estructurados, y no consta ocupación confirmada ni que sea vivienda habitual con desalojo previsible. Lo que sí añade incertidumbre, sin llegar a riesgo alto, es que el edificio no es visitable, la posesión no consta y la certificación de cargas está adjuntada pero vacía de texto extraíble: no puedes dar por cerrado el capítulo registral.

Sin tasación disponible: no es posible calcular el descuento; score fijado a 0 por falta de referencia. Tampoco hay estimación de mercado de la plataforma (confianza insuficiente), así que no se puede comparar el valor de subasta de 369.712,56 € con un precio de zona ni fijar un techo de puja orientativo. La cantidad reclamada (44.848,39 €) es muy inferior al valor de subasta, pero eso no equivale a un chollo: sin tasación y sin valor de mercado el descuento es incalculable.