Subasta judicial voluntaria para la división de la cosa común (ETJ 119/2023). El inmueble se subasta como lote único. Las partes (copropietarios) pueden pujar sin depósito y ceder el remate a un tercero. No se aplican los artículos 670, 671 y DA 6ª LEC sobre adjudicación por 50-70% al ejecutante. Si un tercero gana, los copropietarios pueden mejorar su postura en 15 días. Las cargas son inexistentes según la certificación (no hay hipoteca ni embargo). Los inquilinos de renta antigua carecen de derecho de retracto (art. 25.7 LAU). El valor de subasta es el único precio de referencia.

El riesgo es medio (48/100) principalmente por la ocupación de parte del inmueble por inquilinos con contrato de renta antigua, lo que implica que el adjudicatario no podrá disponer libremente de los locales y el primer piso, y deberá respetar los derechos de los arrendatarios. No hay cargas registrales (certificación registral limpia), lo cual reduce el riesgo financiero oculto. La situación posesoria del resto del inmueble no está confirmada, pero no hay indicios de ocupación ilegal. La subasta es entre copropietarios, por lo que no hay reclamación de deuda dineraria; las reglas especiales (ej. no se aplica adjudicación por el 50-70%) pueden limitar las opciones de adquisición por debajo del valor de salida, pero no añaden riesgo adicional significativo. No se han identificado otras señales graves como cargas cuantiosas, nuda propiedad o embargos preferentes.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El valor de subasta es de 186.478,50 €, fijado judicialmente, pero no disponemos de una tasación externa ni de precios de mercado comparables que permitan calcular un descuento real. La ausencia de cargas registrales es un punto favorable, pero la ocupación por inquilinos con renta antigua puede limitar la posesión inmediata y el uso del inmueble. Dado que no hay datos de mercado, no podemos afirmar que exista un descuento objetivo respecto al valor real.