Se trata de una ejecución hipotecaria del procedimiento 722/2023 seguida en el Juzgado de Fuengirola. El valor de subasta (211.907 €) coincide con la tasación hipotecaria y la cantidad reclamada es de 119.943,66 € de principal más 35.983,09 € estimados de intereses y costas. Al ser una subasta judicial con garantía hipotecaria, el adjudicatario recibe la finca libre de cargas posteriores a la hipoteca ejecutada, pero subrogándose en las cargas anteriores si las hubiera. La certificación de cargas es el documento clave para determinar qué cargas anteriores existen; está disponible en la plataforma. El edicto indica que no se puede constatar la situación posesoria (no se sabe si está ocupado). Los umbrales del artículo 670 LEC (50% y 70% del tipo) son relevantes si no hay postores o si las pujas no los alcanzan, el ejecutante puede pedir la adjudicación por dichos importes.

El riesgo es medium, principalmente debido a las incógnitas asociadas a la propiedad. La señal específica es que existe una 'Certificación de cargas', un documento estándar cuyo texto debe revisarse porque podría contener deudas (como comunidad u otros acreedores) que se sumarían al precio de adquisición. No hay señales de ocupación confirmada en el texto. Es un riesgo propio de las subastas judiciales, manejable con una revisión cuidadosa de la documentación.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No se dispone de una tasación independiente ni de datos públicos de precio de mercado para comparar. El valor de subasta de 211.907 € es el único punto de partida. La oportunidad potencial radica en que, al ser una subasta judicial, podría haber menos competencia y adjudicarse al valor de salida, pero sin referencia de mercado es imposible cuantificar un descuento. La principal señal de atención es que, según el texto estándar, el comprador asumiría las cargas anteriores al crédito ejecutado, cuyo importe exacto solo se conoce en la certificación de cargas oficial.