Se trata de una ejecución hipotecaria con una hipoteca de 47.000 € de principal, más intereses y costas. La certificación de cargas confirma que la hipoteca está vigente. La finca es VPO, lo que implica que el comprador debe cumplir los requisitos de la normativa de protección oficial. No consta la situación posesoria, pero al ser vivienda habitual, es probable que esté ocupada.

El riesgo se califica como alto principalmente por tres señales concretas: (1) la vivienda está ocupada como vivienda habitual, lo que puede implicar un procedimiento de desalojo largo y costoso si el ocupante no entrega las llaves voluntariamente; (2) la carga hipotecaria podría llegar hasta 66.922,50 € (47.000 € de principal + 5.522,50 € de intereses remuneratorios + 14.100 € de moratorios + 2.350 € de costas + 2.350 € de gastos), aunque en subasta judicial el rematante suele quedar liberado de la hipoteca ejecutada; y (3) el régimen de VPO puede imponer restricciones de uso, venta o alquiler que afectan la rentabilidad futura. No hay otros gravámenes registrados ni afecciones adicionales.

No podemos calcular un descuento porque no hay tasación oficial ni estimación de mercado en los datos; la plataforma indica 'Sin tasación: score 0 por falta de referencia'. El valor de subasta (78.585,08 €) coincide con el valor de tasación hipotecario de 2014, que no refleja el precio actual. Para evaluar la oportunidad, habría que comparar con inmuebles similares en la zona. El depósito bajo (5 % del valor de subasta) y la ausencia de puja mínima reducen la barrera de entrada, pero sin una referencia de mercado, no podemos afirmar que sea una ganga.