Se trata de una subasta judicial en vía de apremio. El valor de subasta es bajo, pero la falta de información sobre cargas concretas y la situación posesoria desconocida son puntos críticos. La certificación de cargas está expedida, pero su importe no se ha hecho público; conviene obtenerla del Registro de la Propiedad para evaluar el riesgo real. El valor de mercado estimado no muestra descuento, y los costes totales (incluyendo impuestos y posibles cargas) pueden superar el valor real.

El riesgo es medio porque, aunque el depósito es bajo (118,28 €), hay incertidumbres clave: la situación posesoria es desconocida, la finca no es visitable y no se ha podido cuantificar ninguna carga. En el BOE solo consta que se ha emitido una certificación de cargas, pero no se detalla importe alguno. No se menciona ocupación ni vivienda habitual, así que el principal problema es la falta de información. Si hubiera cargas ocultas o la posesión estuviera disputada, el coste de gestionarlo podría superar el valor del bien. Aun así, al ser una finca rústica de poco valor, el riesgo total asumido en términos absolutos es limitado.

Sin tasación de mercado de referencia. El valor de subasta y la tasación aportada en el BOE coinciden (2.365,69 €), por lo que no hay un descuento calculable. El precio de salida es bajo en términos absolutos, pero sin referencia externa (catastral o de mercado) no podemos afirmar que sea una ganga. La confianza de nuestra valoración es baja porque no tenemos datos de superficie ni precio por metro cuadrado municipal. Si la finca tuviera algún valor agrícola o de uso recreativo y estuviera libre de cargas, podría ser interesante, pero la falta de información reduce drásticamente la oportunidad.