Subasta judicial en vía de apremio sobre vivienda habitual. No constan plazos de visita ni estado de ocupación. El valor de subasta es de 108.444,98 €, muy inferior a la estimación de mercado (290.928-370.272 €). Sin puja mínima, los umbrales 50% (54.222,49 €) y 70% (75.911,49 €) del art. 670 LEC son relevantes para posibles mejoras de precio. Cargas: se cancelan las posteriores a la que motiva la subasta, pero se mantienen las anteriores; el adjudicatario se subroga. Es imprescindible analizar la certificación de cargas.

Riesgo medio (55/100) porque no hay señales graves cuantificadas, pero existen incertidumbres típicas de subastas judiciales que exigen diligencia. El BOE indica que se cancelan la carga que originó la subasta y las posteriores, pero se mantienen las anteriores o del mismo rango, por lo que es imprescindible comprobar la certificación de cargas para cuantificar posibles hipotecas o embargos preferentes. La vivienda es habitual de los ejecutados, aunque sin vulnerabilidad acreditada, lo que podría facilitar la posesión, pero nunca está exenta de riesgos de ocupación. La imposibilidad de visita previa y el estado desconocido del inmueble añaden incertidumbre sobre reformas necesarias. El depósito y las pujas son asumibles, pero cualquier error en la documentación puede invalidar la participación.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. La única base de valoración es el valor de subasta fijado por el juzgado y nuestra estimación de mercado entre 290.928 € y 370.272 € (basada en precio por m² en Totana). El descuento potencial es enorme (hasta un 70 %), pero la falta de tasación oficial impide confirmar que el precio refleje el valor real. La incertidumbre sobre cargas previas y la situación ocupacional añade riesgos que diluyen la oportunidad. Si tras revisar el edicto y la certificación de cargas no aparecen gravámenes significativos ni problemas de ocupación, la operación podría ser muy rentable.