Acto de naturaleza ejecutiva con subasta electrónica. La clave no es la puja mínima (no existe en la ficha), sino el mapa de cargas y el encaje económico: el valor de subasta (147.510,65 €) debe contrastarse con el coste total de adjudicación y con la carga financiera efectiva. La documentación aporta una hipoteca (50.140 € de principal, con intereses y costas) y certificación registral con múltiples anotaciones/embargos. Además, la ocupación es “no consta”, por lo que el riesgo operativo (posesión, llaves, habitabilidad) requiere verificación antes de desembolsar el remate.

El riesgo es alto por una combinación concreta de factores: hay cargas cuantificadas en la certificación, consta una hipoteca de 50.140 € y el texto del BOE indica que las cargas anteriores subsisten. Además, no consta la situación posesoria y el requerimiento de pago fue negativo en el domicilio, lo que no aclara si hay o no ocupación. A esto se suma que se trata de una vivienda calificada definitivamente como VPO, lo que puede introducir limitaciones adicionales de uso o transmisión.

No hay tasación: score 0 por falta de referencia. Sin una tasación ni un precio de mercado verificable, no se puede medir con rigor si el valor de subasta de 147.510,65 € supone descuento real o no. Lo único cuantificable es que el depósito exige 7.375,53 € y que, si se adjudica, hay una hipoteca declarada de 50.140 € que puede afectar a la operación. La oportunidad existe solo si confirmas que el precio final compensa el paquete de cargas y el posible coste de regularización.