Subasta judicial en vía de apremio derivada de un procedimiento de ejecución hipotecaria (EJH 144/2021) seguido contra los deudores. El lote 1 (el inmueble descrito) tiene un valor de subasta de 269.599,20 €. La cantidad reclamada asciende a 231.709,70 € de principal, más 69.512,91 € presupuestados para intereses y costas. La certificación de cargas revela dos hipotecas previas sobre la finca (aunque la segunda es la ejecutada). La primera hipoteca (a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS, por 31.252,63 € de principal) podría continuar vigente y subrogarse al adjudicatario. Así, el coste total de adquisición podría superar los 340.000 €. La finca está ocupada y es vivienda habitual, lo que añade incertidumbre posesoria. Sin tasación ni valor de mercado, la oportunidad es incalculable.

Riesgo alto (score 80) por tres señales concretas: (1) el inmueble es vivienda habitual del demandado y consta como ocupado, lo que implicará un lanzamiento judicial si no se desaloja voluntariamente; (2) existen cargas por 69.513 € con subrogación del adjudicatario y falta de claridad sobre si son preferentes o ya están incluidas en la deuda; (3) la ausencia de tasación y la imposibilidad de visitar el inmueble incrementan la incertidumbre sobre su valor real y estado. Aunque las cargas no parecen desproporcionadas frente al valor de subasta, son señales que elevan el riesgo operativo y financiero.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No contamos con valor de tasación ni precio de mercado que permitan calcular un descuento. En subastas judiciales, el valor de salida suele basarse en una tasación antigua o en el valor hipotecario, no en el mercado actual. Sin una tasación independiente o datos de mercado (€/m² en la zona, estado del inmueble), no podemos afirmar si el precio es atractivo. Además, al tratarse de vivienda habitual ocupada, los costes y plazos del desalojo reducen el atractivo económico real.