Esta ejecución hipotecaria presenta dos cargas registrales por importe acumulado de 225.000 € de principal, más intereses y costas, transmitidas a un fondo (LSF11 BOSON Investments). El valor de subasta (323.737,41 €) es idéntico a la tasación, y la cantidad reclamada en el procedimiento es de 103.604,33 €, inferior a las cargas. La ausencia de puja mínima permite estrategias agresivas, pero el comprador debe evaluar el saldo vivo de las hipotecas y la posible ocupación. Se recomienda un análisis registral completo y contactar con el acreedor antes de pujar.

El riesgo es medio (68/100) principalmente por las cargas cuantificadas que asumirá el adjudicatario: dos hipotecas por un principal total de 225.000 €, que representan el 69 % del valor de subasta. La subrogación es obligatoria y el saldo pendiente puede ser superior si se acumulan intereses y costas. Además, la situación posesoria es desconocida y la vivienda no es visitable, lo que añade incertidumbre sobre el estado real y posible ocupación. No se declara vivienda habitual, pero la falta de información impide descartar un desalojo complicado. La nota de revisión fiscal por ITP-AJD añade un riesgo administrativo menor.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. Aunque la tasación oficial es de 323.737,41 €, el precio de salida es idéntico, por lo que no hay descuento inicial sobre ese valor. El mercado estima un rango entre 284.888,92 € y 362.585,90 €, pero la confianza es baja al no disponer de superficie ni referencia municipal. Las cargas de 225.000 € en principal (hipotecas a subrogar) pueden erosionar casi por completo el margen si la deuda viva está cercana a ese importe. Solo si el adjudicatario consigue una puja muy por debajo del valor de mercado (por ejemplo, aprovechando el umbral del 50 % en 161.868,71 €) y negocia la quita de la deuda, podría generarse una oportunidad real.