Se trata de una ejecución hipotecaria del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa (autos 1198/2014), promovida por Banco Santander S.A. contra el prestatario y un fiador, por un principal reclamado de 139.419,39 €. El bien sale a subasta con un valor de 245.152,51 €, que es el valor de tasación y también el precio de salida (no hay descuento). La subasta no tiene puja mínima, por lo que cualquier importe es admisible en principio, pero el juez aplicará el artículo 670 LEC: si la mejor postura es inferior al 70% del valor de salida (171.606,76 €), el ejecutante puede pedir que se adjudique el inmueble por el 70% o por la cantidad que se le deba (si es inferior). Si la puja es inferior al 50% (122.576,26 €), el ejecutante puede pedir directamente la adjudicación por el 50%. Esto da al banco un control significativo sobre el precio final. La finca tiene una hipoteca constituida en 2004 y ampliada en 2007, inscrita a favor de Banco Popular (absorbido por Santander). No constan cargas preferentes al crédito ejecutado, pero la certificación registral no se ha extraído. La ocupación es desconocida, aunque en 2015 se identificó a una ocupante sin título. Recomiendo obtener la nota simple actualizada del Registro de la Propiedad nº 2 de Terrassa y verificar la ocupación antes de pujar.

El nivel de riesgo 'medium' se asigna porque, aunque no constan cargas cuantificadas en el expediente, la situación posesoria es incierta. El documento judicial señala que en 2015 apareció una ocupante y que actualmente se desconoce la situación. Esto introduce un factor de incertidumbre sobre la disponibilidad inmediata de la vivienda que debe investigarse.

El precio de salida es de 245.152,51 €, igual a la tasación oficial del inmueble. Esto significa que no hay descuento inicial respecto a la valoración de referencia. Sin una comparativa de precios de mercado para viviendas similares en la zona, la oportunidad dependerá enteramente de que las pujas se mantengan bajas, ya que no existe puja mínima que proteja el valor.