La subasta se tramita por el procedimiento de apremio judicial, con un valor de tasación de 30.338,75 € que actúa como tipo. No hay puja mínima, pero el depósito exigido es de 1.516,94 € (5% del tipo). La vivienda está ocupada por el ejecutado, lo que implica que la entrega de la posesión no será inmediata y requerirá un lanzamiento. La cantidad reclamada es de 10.391,39 €, inferior al valor de subasta, lo que sugiere que no hay cargas previas que superen el precio. No obstante, es recomendable obtener la certificación de cargas del registro para confirmar la situación exacta.

El riesgo es alto debido a la ocupación por el ejecutado, que tiene derecho de permanencia. El desalojo puede demorarse y generar costes legales. La vivienda no es visitable, lo que impide verificar su estado real. No se mencionan cargas cuantificadas, pero la advertencia estándar sobre cargas anteriores y la nota de calibración indican que no deben tratarse como riesgo automático. La combinación de ocupación y falta de inspección justifica el nivel alto.

El precio de salida coincide con la tasación (30.338,75 €), sin descuento aparente. Sin tasación de referencia adicional y con un valor de mercado estimado entre 26.698 y 33.979 €, la compra al precio de salida no ofrece margen de beneficio claro, especialmente si se suman costes de reforma y desalojo. El depósito requerido es bajo (1.516,94 €), pero la falta de diferencial positivo reduce el atractivo.