Subasta judicial en vía de apremio (procedimiento ejecución hipotecaria 39/2019). El sistema exige depósito equivalente al 5% del valor de subasta (3.668,75 €). No hay tasación en la ficha, por lo que la oportunidad económica debe validarse con comparables y cálculo de costes (posibles regularizaciones, comunidad, IBI, suministros, y especialmente el impacto de la hipoteca y del régimen de nuda propiedad/usufructo si se confirma). La visitabilidad figura como “no”, y la situación posesoria “no consta”, elevando incertidumbre operacional. El texto también indica subrogación del adjudicatario en cargas anteriores al crédito ejecutante.

Riesgo medio porque no estamos ante una subasta limpia: el BOE indica cargas cuantificadas y además advierte de posible nuda propiedad o dominio directo, con posible usufructo. Eso puede limitar el valor real de la compra aunque el precio de salida parezca razonable. También consta que no se sabe si el inmueble está ocupado y el título jurídico no consta, dos puntos que obligan a revisar la documentación antes de pujar. No es un riesgo alto por defecto, pero sí suficiente para exigir verificación previa.

No hay tasación: score 0 por falta de referencia. El único precio objetivo disponible es el valor de subasta, 73.375 €, pero no podemos compararlo con una tasación oficial ni con un valor de mercado verificado. Sí hay una carga declarada de 4.465 € y el expediente avisa de posible nuda propiedad o dominio directo, además de posible usufructo, así que la oportunidad no debe evaluarse solo por el precio de salida. Antes de decidir, conviene comprobar si la adjudicación sería de pleno dominio y cuánto saldo real queda pendiente en la carga hipotecaria.