Se trata de una subasta judicial en vía de apremio sobre una finca registral con una hipoteca y un embargo registral documentados, pero sin importes concretos en el resumen público. El valor de subasta (74.200 €) está muy por debajo del rango de mercado (135-172 k€), lo que sugiere una oportunidad si las cargas son asumibles. El depósito es reducido (3.710 €) y no hay puja mínima, lo que facilita la entrada. Sin embargo, la ausencia de tasación y la falta de datos sobre la ocupación exigen una diligencia extra: es imprescindible obtener la certificación de cargas literal del Registro de la Propiedad y, si es posible, verificar el estado posesorio con una visita (con permiso del ocupante o mediante un profesional). Los plazos de mejora del artículo 670 LEC (50% y 70%) son automáticos: si el mejor postor no alcanza el 70%, se abre un plazo para que otros mejoren. Recomendación: solicitar la certificación de cargas y consultar con un abogado especializado.

Riesgo medio por la combinación de ausencia de tasación oficial, situación posesoria desconocida (no consta si está ocupada ni si es visitable) y cargas no cuantificadas. Aunque el BOE declara cancelación de la carga que motiva la subasta y las posteriores, pueden subsistir gravámenes anteriores, y el documento estándar de certificación de cargas lista hipotecas y embargos sin detallar importes. Sin señales graves como vivienda habitual o desalojo confirmado, el riesgo es moderado pero real.

Sin tasación oficial: score 0 por falta de referencia. No obstante, el portal estima un valor de mercado entre 135.256 € y 172.144 €, lo que frente al precio de salida de 74.200 € arroja un descuento potencial del 45-57%. Es una oportunidad relevante si se confirma que la vivienda está en buen estado y libre de cargas ocultas. Con puja mínima sin fijar, podrías pujar incluso desde 37.100 € (50% del valor de subasta), pero la ausencia de tasación oficial y la incertidumbre sobre ocupación y cargas reales moderan el atractivo.