La finca registra una primera hipoteca de 204.344 € a favor de Banco de Andalucía (cedida a los ejecutantes, Roberto Suárez y Elena Soler), una segunda hipoteca de 130.000 €, una tercera de 29.136 € y una cuarta de 9.000 €, más varios embargos de TGSS y ayuntamientos. La ejecución se basa en la primera hipoteca, pero las restantes cargas (salvo las que sean preferentes) subsisten y el adjudicatario debe subrogarse en ellas. Esto hace que el coste real de adquirir la vivienda sea imprevisible y probablemente muy superior al valor de subasta. Además, la cantidad reclamada en el procedimiento es de 232.470 €, superior al valor de subasta. Se recomienda obtener una certificación de cargas actualizada y asesoramiento legal antes de pujar.

El riesgo es alto porque el inmueble acumula un historial de endeudamiento complejo: cuatro hipotecas con principales de hasta 204.344 €, 130.000 €, 29.136 € y 9.000 €, más al menos cuatro anotaciones de embargo (Seguridad Social, Ayuntamiento de Morón, Ayuntamiento de Chiclana) y afecciones fiscales. La nota de subasta indica que las cargas anteriores al crédito ejecutante subsisten y el adjudicatario se subroga expresamente, lo que puede suponer un pasivo oculto de varios miles de euros. Aunque la vivienda está desocupada (reduce el riesgo de desalojo), la falta de información sobre la situación posesoria confirmada y la ausencia de tasación independiente incrementan la incertidumbre.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El valor de subasta (204.344 €) es el fijado judicialmente, pero los datos de mercado se desconocen. Aunque no hay puja mínima, las numerosas cargas (cuatro hipotecas, embargos de la Seguridad Social y ayuntamientos) podrían consumir el margen de beneficio si no se consigue un precio muy por debajo del valor real del inmueble. La oportunidad depende de poder estimar el valor de mercado real (vivienda unifamiliar de 120 m² en parcela de 500 m² en Chiclana) y verificar qué cargas subsisten tras la subasta.