Subasta judicial en vía de apremio, con pujas secretas y sin prórroga. El valor de subasta es de 105.116,63 €, que coincide con la tasación. No hay puja mínima, pero el depósito es del 20% del valor de subasta (21.023,32 €). Se aplican los umbrales del artículo 670 LEC: el 50% (52.558 €) y el 70% (73.582 €). La ausencia de cargas cuantificadas es favorable, pero la falta de información posesoria y el hecho de que no se pueda visitar el inmueble son puntos de atención. Recomendamos verificar el registro de la propiedad y realizar una inspección externa.

El riesgo es medio porque, aunque no constan cargas cuantificadas ni documentos de gravámenes, la situación posesoria es totalmente desconocida: no sabemos si el inmueble está ocupado ni en qué condiciones, lo que podría complicar la toma de posesión. El estado físico de la vivienda es también una incógnita, y la falta de referencia catastral y de inscripción registral detallada impide un análisis completo de titularidad y superficie. Sin embargo, no hay señales graves como cargas con importe relevante o una ocupación confirmada que requiera desalojo, por lo que el nivel de riesgo se mantiene en un punto intermedio.

La oportunidad es escasa porque el precio de salida (105.116,63 €) coincide exactamente con la tasación, sin margen de descuento respecto al valor de referencia. No contamos con un precio de mercado estimado fiable; la horquilla de valoración externa (92.502,63 € – 117.730,63 €, confianza baja) sugiere que el precio de salida está en la parte alta del rango. Si se adjudica al valor de subasta, sumando impuestos (ITP ~6,5 %) y otros costes, el desembolso total rondaría los 118.205 €, lo que deja poco o nulo margen de rentabilidad a corto plazo. Solo podría ser atractivo si se consigue una puja muy por debajo del umbral del 70 % (73.581,64 €) y se confirma que la vivienda está libre de ocupantes y en buen estado.