Se trata de una subasta judicial en vía de apremio (ejecución hipotecaria o embargos). El valor de subasta es inferior a la tasación, lo que ofrece un margen atractivo. La ausencia de puja mínima y la cantidad reclamada (28.515 €) sugieren que el principal acreedor tiene un crédito inferior al valor del inmueble, lo que podría facilitar la adjudicación incluso por debajo del 70% del valor de subasta. Sin embargo, la falta de datos registrales y posesorios exige una due diligence previa: solicitar nota simple en el Registro de la Propiedad y verificar la ocupación real. El depósito es reducido (3.935 €), lo que facilita la participación.

Riesgo medio (score 45/100) debido a la falta de información verificada sobre la situación posesoria y el estado del local, sin que existan señales graves como cargas cuantificadas, ocupación confirmada o vicisitudes jurídicas complejas. La nota de que 'no consta' en visita y posesión es estándar en subastas judiciales, pero impide garantizar una entrada sin incidentes. Las cargas no constan, lo que es positivo, pero siempre existe el riesgo de gravámenes ocultos no reflejados en el BOE.

Existe un descuento del 21,8% respecto a la tasación oficial (100.704 €). Nuestra valoración de mercado estima un rango entre 88.619 € y 112.788 €, por lo que el precio de salida se sitúa en la parte baja de esa horquilla, con potencial de revalorización. La ausencia de puja mínima y el bajo depósito (3.935,48 €) facilitan la participación. Sin embargo, la confianza en la valoración de mercado es baja al no contar con referencias municipales de precio por metro cuadrado, lo que exige un análisis propio de rentabilidad comercial en la zona.