Subasta judicial derivada de ejecución hipotecaria. El valor de subasta (104.486 €) coincide con el principal de la primera hipoteca (Banco Popular). Existe una segunda hipoteca (Cajamar) y un embargo de la Seguridad Social. La certificación de cargas confirma que la hipoteca principal sigue vigente. El adjudicatario se subroga en la hipoteca ejecutada, pero las otras cargas podrían cancelarse si se pagan con el precio de remate, siempre que la puja alcance los umbrales del 50% o 70% del valor de subasta. Sin puja mínima, la subasta puede quedar desierta o adjudicarse por una cantidad baja, pero las cargas no desaparecen automáticamente. Se recomienda asesoría legal.

Riesgo alto porque la subasta no proporciona tasación oficial, el estado posesorio es desconocido y existen cargas registrales relevantes: dos hipotecas (una preferente que se ejecuta) y un embargo de 79.334,08 € de la TGSS. La falta de visitabilidad y la ausencia de información sobre ocupación o desalojo añaden incertidumbre. La subrogación en cargas anteriores y la necesidad de verificar el saldo pendiente de la hipoteca ejecutada aumentan la complejidad y el riesgo financiero. Estas señales concretas justifican un score de riesgo 80.

No es posible calcular el descuento ni el potencial de oportunidad porque no hay tasación, valor de mercado ni precio de referencia: el score de oportunidad es 0 por falta de información. El valor de subasta (104.486,48 €) coincide con la tasación hipotecaria de la inscripción 5ª, pero no refleja el valor actual de mercado. Las cargas preferentes (hipoteca preferente y embargo de 79.334,08 €) más el precio de remate podrían acercar el desembolso total al valor real del inmueble, reduciendo el margen de beneficio. Sin acceso a la vivienda ni referencia de precios en la zona, esta subasta no ofrece una oportunidad clara de descuento para inversión.