Este activo representa una subasta judicial voluntaria sobre una finca urbana con 176 m² construidos. La ausencia de inscripción registral es el factor crítico, implicando la necesidad de un expediente de dominio posterior a la adjudicación para la inmatriculación, con los costes y plazos asociados. El valor de tasación coincide con el valor de subasta, lo que proporciona una base sólida para la valoración. La inexistencia de puja mínima aumenta la flexibilidad, pero la adjudicación estará sujeta a los umbrales del 50% y 70% del valor de tasación (29.314,40 € y 41.040,16 € respectivamente). No se reportan cargas cuantificadas, lo cual es favorable, aunque la "situación posesoria: no consta" siempre aconseja una cautela en la estimación de riesgos de ocupación.

El riesgo de esta subasta se considera medio. La principal señal de riesgo es que la finca no está inscrita en el Registro de la Propiedad, lo que puede complicar la transmisión y requerir un expediente de dominio para su inmatriculación. Aunque no constan cargas cuantificadas ni documento de cargas, la situación posesoria "no consta" y la imposibilidad de visita siempre implican un riesgo inherente a las subastas judiciales.

El inmueble cuenta con tasación oficial, lo que permite tener una referencia clara de su valor. Al no existir puja mínima, esto puede abrir la puerta a conseguir la propiedad por un precio inferior, aunque siempre sujeto a los umbrales de adjudicación judicial. Sin embargo, el hecho de que no esté inscrita registralmente puede ser una barrera para algunos compradores y requerirá gestiones adicionales.