Subasta de inmuebles con adjudicación separada por lotes y precio de salida fijado (212.583 € para el lote 1 y 10.500 € para el lote 2). El depósito informado por lote (10.629,15 € y 525 €) actúa como garantía para participar, no como el precio final. La información de cargas en BOE no trae importes concretos; existe certificación de cargas en documentos, por lo que el riesgo real de gravámenes debe confirmarse en el documento. La principal variable de riesgo operativo es la situación posesoria: ocupación con derecho de permanencia y falta de constancia de visitabilidad.

El nivel de riesgo es medio-alto por una señal muy concreta: el lote 1 figura como ocupado y el auto judicial declara expresamente que DOÑA ESTELA BLÁZQUEZ SÁNCHEZ tiene derecho a permanecer en el inmueble, dejando al futuro adjudicatario las acciones que correspondan para desalojarla. Eso complica la toma de posesión y hace que el problema principal sea posesorio, no registral. Además, no consta visita interior ni título jurídico aportado de forma clara, y la subasta tiene dos lotes con adjudicación independiente, lo que exige comprobar bien qué se compra en cada uno. No se aprecian cargas cuantificadas relevantes en el BOE, así que el riesgo no viene por ahí, sino por la ocupación y la posible salida del inmueble.

No hay tasación: score 0 por falta de referencia. Con los datos disponibles, solo se conoce el valor de subasta: 212.583 € para el lote 1 y 10.500 € para el lote 2, sin un valor de mercado o tasación oficial frente al que calcular un descuento real. El umbral del 70% para el lote 1 está en 148.808,1 €, así que una puja por debajo de esa cifra podría resultar competitiva dentro del marco LEC, pero eso no significa automáticamente buena oportunidad: el activo está ocupado y el auto dice que la ocupante tiene derecho a permanecer. En la práctica, el atractivo económico solo tendría sentido si el precio de entrada compensa claramente el coste y la complejidad de recuperar la posesión.