Subasta judicial con valor de subasta 301.900 € y depósito 15.095 €; incremento de puja 6.038 €. La ausencia de tasación impide valorar oportunidad por descuento, por lo que la estrategia debería centrarse en el encaje económico respecto a los umbrales LEC (50%/70%) y en la gestión del riesgo de ocupación. En el edicto se menciona vivienda habitual del demandado y estado “OCUPADA”; esto, aunque no implica automáticamente desalojo inmediato, sí incrementa la necesidad de validar documentación de ocupantes y expectativas de entrega. Además, no constan cargas cuantificadas en el texto extraído, pero aplica la regla general de subrogación a cargas/gravámenes anteriores si existieran.

El riesgo queda en nivel medio porque sí hay una señal concreta que complica la operación: el inmueble consta como OCUPADA y además como vivienda habitual de los demandados. Eso no significa automáticamente que la puja sea mala, pero sí que la toma de posesión puede ser lenta o conflictiva y que el comprador debe prever gestión jurídica y temporal. No aparecen cargas cuantificadas ni un documento de cargas, así que no hay una alerta patrimonial concreta por importe; el riesgo principal aquí es posesorio, no financiero.

La oportunidad es nula en términos de descuento medible porque no hay tasación aportada: Sin tasación: score 0 por falta de referencia. Sí conocemos el valor de subasta, 301.900 €, pero sin una tasación independiente ni un precio de mercado verificable no se puede calcular un descuento real ni saber si el precio de salida está por debajo, en línea o por encima del mercado. El único dato económico objetivo es el depósito, 15.095 €, que te marca la entrada, pero no valida la rentabilidad. Antes de pujar, hay que contrastar mercado local, cargas reales y coste de regularizar la posesión.