Activo: vivienda con descripción registral de VPO (según certificación) y procedimiento de ejecución hipotecaria. En la certificación registral constan como subsistentes la hipoteca del ejecutante (71.000 € de principal, con cobertura de intereses y costas) y una anotación de embargo administrativo (TGSS) con importes detallados. Se indica “no consta” sobre ocupación/visitabilidad, por lo que el análisis de riesgo debe incorporar verificación in situ o vía información judicial/administrativa. No hay tasación utilizable en los datos, limitando el cálculo de descuento y la estrategia basada en comparables.

El riesgo es medio porque no hay una señal extrema de ocupación confirmada, pero sí varios elementos concretos que exigen prudencia: la finca está calificada como vivienda de protección oficial, la hipoteca a favor de CAIXABANK figura subsistente y sin cancelar, y además existe una anotación de embargo administrativo de la TGSS. A eso se suma que el proceso indica expresamente que no consta si el inmueble está ocupado por personas distintas del ejecutado, así que hay incertidumbre operativa real. No es un caso de riesgo alto por defecto, pero sí uno en el que el cierre puede complicarse si no se valida bien la situación registral y posesoria.

La oportunidad es muy limitada y no se puede justificar con un descuento claro porque no hay tasación publicada: Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El dato utilizable es el valor de subasta de 109.311 €, pero sin una tasación o una valoración de mercado comparable no es posible afirmar que exista rebaja relevante. Además, la finca aparece como vivienda de protección oficial y en la certificación constan cargas registrales relevantes que hay que entender bien antes de poner dinero. Si se entra, debe hacerse solo con una revisión jurídica y económica muy fina, no por sensación de “chollo”.