Activo inmobiliario en procedimiento de ejecución (vía de apremio), con valor de subasta 61.919,50 € y tasación coincidente. La certificación de cargas detalla una hipoteca con principal 48.682,00 € (total garantizado 95.416,72 €) y una anotación/embargo judicial ligado a un principal de 30.304,21 € más 9.000,00 € (39.304,21 €). Adicionalmente figura embargo administrativo con importe total 2.389,07 €. El BOE incluye cláusula estándar de subsistencia de cargas anteriores y subrogación del rematante. Esto hace que el “precio” no refleje el coste efectivo: hay que valorar el saldo hipotecario realmente subsistente y los importes a satisfacer/soportar, además de confirmar ocupación y posibilidad de inspección.

El riesgo es alto porque la finca tiene una hipoteca inscrita y, además, constan embargos posteriores: uno judicial por 39.304,21 € y otro administrativo por 2.389,07 €. También aparece como vivienda habitual, lo que puede complicar la toma de posesión si el inmueble está ocupado o si hay que coordinar un lanzamiento. Aunque en el BOE no se cuantifican las cargas a pagar por el adjudicatario, su mera existencia obliga a revisar la certificación completa y a comprobar qué subsiste tras la subasta. No es un riesgo alto por plantilla: lo es por la combinación de hipoteca, embargo judicial, embargo administrativo y uso habitual.

La referencia económica es clara: el valor de subasta coincide con la tasación, 61.919,50 €, así que no hay descuento inicial frente a la valoración oficial. Frente a la estimación de mercado de Puja Clara, el rango está entre 54.489,16 € y 69.349,84 €, por lo que el precio de salida queda en la parte media del rango, no en una ganga evidente. El atractivo real depende de si el adjudicatario puede cerrar la operación por debajo de mercado y de cuánto coste adicional arrastren las cargas. Sin una puja claramente rebajada, la oportunidad es moderada y exige disciplina: solo compensa si entiendes bien la deuda asociada y el estado posesorio.