Se trata de una cesión de remate, figura en la que el procurador o el acreedor busca un comprador directo sin proceso de subasta pública. La tasación de 198.900 € es solo una referencia; el precio real se negocia. La ausencia de precio de salida y de condiciones económicas claras (cargas, deudas) exige un due diligence completo: obtener nota simple del registro, consultar el IBI y la comunidad, y verificar la ocupación. El plazo finaliza el 8 de septiembre de 2026, pero al no haber puja, la negociación puede cerrarse antes si se llega a un acuerdo.

Riesgo medio porque la situación posesoria y las cargas se desconocen. No hay documento de cargas ni importe cuantificado de deudas (IBI, comunidad). La nota estándar sobre subrogación a cargas anteriores no es, por sí sola, señal de riesgo alto, pero la falta de información concreta impide descartar gravámenes ocultos. Al ser vivienda en cesión de remate, el adjudicatario asume las condiciones del remate original, lo que añade incertidumbre jurídica.

No se calcula oportunidad porque no hay precio de salida ni puja mínima: sin dato base, no se puede estimar descuento. La tasación oficial es de 198.900 € y el valor de mercado estimado oscila entre 175.032 € y 222.768 € (confianza baja). Sin tasación municipal comparable. La cesión de remate implica adquirir los derechos del ejecutante, lo que puede esconder costes adicionales o cargas previas. Sin precio de partida, el margen de beneficio es indeterminable.