Subasta judicial en vía de apremio por ejecución hipotecaria. Valor de subasta 88.478 €, cantidad reclamada 70.500 €. La certificación de cargas detalla: hipoteca de 70.500 € de principal con responsabilidad total estimada en 117.060 €; embargo de la TGSS por 16.721,63 €; embargo de Francisco Javier Flores Marín por 15.892,02 €; derecho de tanteo y retracto y condición resolutoria a favor de ESISA. No hay puja mínima, por lo que aplican los umbrales del art. 670 LEC (50% = 44.239 €, 70% = 61.934,60 €). La vivienda está calificada como VPO, lo que puede limitar la venta futura. Se recomienda tasación actualizada y análisis de la ocupación.

Riesgo alto (score 78) por la acumulación de cargas cuantificadas: hipoteca de 70.500 € más responsabilidad máxima de 117.060 €, ampliación de embargo a favor de la TGSS por 16.721,63 € y otro embargo por 15.892,02 €. Además, existen gravámenes como un derecho de tanteo y retracto y una condición resolutoria que, aunque probablemente extinguida, requiere verificación. La vivienda es habitual y no consta si está ocupada, lo que añade incertidumbre sobre el desalojo. La subasta es por ejecución hipotecaria, por lo que el adjudicatario se subroga en las cargas anteriores, haciendo imprescindible cuantificar su impacto económico exacto.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El precio de salida es de 88.478 € y no hay puja mínima, lo que teóricamente permitiría pujas bajas. Sin embargo, el inmueble arrastra una hipoteca de 70.500 € y embargos posteriores por al menos 32.613,65 €; el adjudicatario se subroga en las cargas anteriores al crédito del ejecutante, por lo que el coste real puede superar con creces ese precio inicial. La oportunidad existe solo si se logra un descuento significativo sobre el valor de mercado, pero al no conocer la tasación ni el estado del inmueble, no es posible cuantificarla.