Subasta judicial en vía de apremio, sin puja mínima, lo que permite posturas muy bajas. El embargo registral por 44.459,98 € es la cantidad reclamada; si la puja no cubre esa cifra, el ejecutante puede pedir la adjudicación. La ausencia de tasación impide valorar el descuento. El local es diáfano pero sin referencia catastral en el registro, lo que puede complicar la inscripción. Las servidumbres de acueducto y paso son cargas permanentes que no se cancelan con la subasta.

Riesgo medio principalmente porque la situación posesoria y la visitabilidad no constan: no sabemos si el local está ocupado ni en qué condiciones se encuentra. Además, la certificación de cargas revela una anotación de embargo por 44.459,98 € (que se cancelará con el remate si es del mismo procedimiento) y servidumbres de acueducto, paso y conducción eléctrica; estas últimas son gravámenes perpetuos que pueden limitar el uso. No hay hipotecas ni otras deudas cuantificadas, por lo que la carga económica adicional es baja. La falta de tasación y referencia catastral imprecisa aumentan la incertidumbre sobre la idoneidad comercial del activo.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. Al no existir una valoración de mercado, no podemos calcular el descuento potencial. La inversión se basa únicamente en el valor de subasta fijado judicialmente (234.334,63 €), que podría o no reflejar el precio real de mercado. Si consigues adjudicar por debajo de ese importe —por ejemplo, superando el 50 % (117.167,32 €) o aprovechando la ausencia de puja mínima— podrías obtener un margen, pero el desconocimiento del valor real convierte la operación en especulativa.