Subasta judicial en vía de apremio (ejecución hipotecaria). La certificación de cargas muestra una hipoteca de 83.000 € de principal (responsabilidad máxima 139.440 €), vigente hasta 2029. El adjudicatario se subroga en la hipoteca, por lo que debe confirmar el saldo pendiente con el banco. El valor de subasta (103.866 €) coincide con la tasación hipotecaria. No hay otras cargas. La cantidad reclamada en el procedimiento es 51.319,29 €. Al no haber puja mínima, el artículo 670 LEC aplica: con pujas inferiores al 70% del valor (72.706,20 €), el ejecutante puede pedir la adjudicación por el 70% o el importe de la mejor puja si supera el 50% (51.933 €). Recomendación: solicitar saldo de hipoteca antes de pujar y evaluar costes de cancelación registral.

Riesgo medio (45/100). La finca tiene una sola carga significativa: una hipoteca por 83.000 € de principal más intereses, costas y gastos que elevan la responsabilidad máxima a 139.440 €, aunque el saldo real pendiente suele ser menor tras años de amortización. Se trata de una vivienda habitual sobre la que no consta estado posesorio ni visitabilidad, lo cual es estándar en subastas judiciales pero añade incertidumbre. No hay cargas posteriores ni embargos adicionales, y se han cancelado varias notas de afección fiscal antiguas, lo que reduce el riesgo frente a otras subastas con múltiples gravámenes.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. No es posible determinar un descuento real ni evaluar la oportunidad económica de esta subasta judicial. La vivienda se ofrece a 103.866 €, pero no tenemos datos de mercado en la zona que permitan comparar. Aunque la carga principal (hipoteca de 83.000 €) está cuantificada, desconocemos el saldo pendiente actual y si la entidad ejecutante es el acreedor. La cancelación de cargas fiscales previas es un punto favorable, pero sin una valoración externa, cualquier estimación de ganga sería especulativa.