Inmueble con ejecución hipotecaria (autos de ejecución hipotecaria 894/2024). El BOE refleja importes cuantificados ligados al procedimiento (principal indicado en el expediente y, además, 37.908,39 € según la certificación extraída como importe declarado de cargas/intereses y costas). La situación posesoria aparece como “ocupantes con derecho de permanencia” y “ocupado por la parte ejecutada” con riesgo ocupacional estimado alto y falta de constancia de visitabilidad. Aunque el valor de subasta exista, la ausencia de tasación y el componente ocupacional hacen que la valoración económica de retorno dependa más de la viabilidad de desocupación y del coste total (cargas asumidas, IBI/comunidad, suministros y gastos asociados) que del precio de licitación.

El riesgo es medio-alto por una señal concreta y muy relevante: el inmueble figura como vivienda habitual y está ocupado por la parte ejecutada. Eso no es una advertencia genérica; implica que, si resulta adjudicado, la toma de posesión puede ser lenta y costosa. A esto se suma que el BOE recoge cargas cuantificadas por 37.908,39 €, por lo que conviene verificar exactamente qué subsiste tras la adjudicación y qué importe puede quedar pendiente o afectar a la rentabilidad. No parece un caso de riesgo extremo por defecto, pero sí exige revisión documental completa antes de pujar.

Sin tasación: score 0 por falta de referencia. El único precio de referencia disponible es el valor de subasta, 92.801 €, con un depósito de 4.640,05 € y sin puja mínima, pero no hay tasación oficial ni dato de mercado para calcular un descuento real frente a referencia objetiva. Sí constan umbrales LEC de 50% (46.400,5 €) y 70% (64.960,7 €), pero eso no sustituye una tasación ni confirma una oportunidad de compra. Además, al ser vivienda habitual ocupada y con cargas cuantificadas, el atractivo económico debe descontar el riesgo y los costes legales de entrada y desalojo.