Subasta judicial en vía de apremio de vivienda habitual con un valor de subasta de 356.886,97 € y una cantidad reclamada de 448.708,85 €, lo que indica que las cargas pueden superar el 25% del valor. La certificación de cargas está disponible pero su texto no se ha extraído; es crucial obtenerla. La falta de puja mínima permite pujas bajas, pero el adjudicatario deberá satisfacer las cargas anteriores si las hubiera (art. 670 LEC). Los umbrales 50% (178.443,49 €) y 70% (249.820,88 €) solo aplican si el ejecutante no puja. La vivienda habitual implica que, si está ocupada por el deudor, el desalojo puede retrasarse. Recomendamos tasación presencial y verificación registral antes de pujar.

El riesgo es medio porque no hay cargas cuantificadas ni documento de cargas accesible, y la situación posesoria es desconocida. La nota de cargas menciona 'según consta en certificación adjunta', pero el texto extraído de los documentos no aporta detalles. La heurística de ocupación arroja 'unknown' y se indica 'no visitable', lo que es estándar en este tipo de procedimientos, pero introduce incertidumbre sobre posibles ocupantes o el estado real del inmueble. Sin señales graves como hipotecas preferentes o embargos cuantificados, el riesgo no es alto, pero exige diligencia previa.

El precio de salida (356.886,97 €) iguala la tasación, por lo que no hay descuento automático. Sin embargo, en subastas judiciales sin puja mínima, es posible adjudicarse el bien por debajo de ese valor si no hay postores, con umbrales legales del 70% (249.820,88 €) o incluso el 50% (178.443,49 €) si se trata de vivienda habitual. Nuestra valoración de mercado estima un rango entre 314.060 € y 399.713 €, con confianza baja por falta de datos de superficie. Si se logra un precio de remate dentro del rango inferior, el potencial de plusvalía es real, pero condicionado a confirmar el estado físico y legal del inmueble.