Se trata de una cuota indivisa del 50%, lo que implica una comunidad de bienes forzosa. El copropietario desconoce su solvencia y disposición a vender. La ocupación declarada requiere análisis jurídico: si el contrato de arrendamiento es posterior al inicio del procedimiento, podría ser nulo. La hipoteca cancelada económicamente pero no registralmente no supone carga real, pero requiere gestiones notariales. La diferencia entre registro y catastro puede afectar a la superficie y futura venta. La puja máxima recomendada (según valoración automática) es de 133.620 €, pero al ser solo el 50%, el valor de adquisición debe ser proporcional y tener en cuenta los costes de extinción del condominio.

El nivel de riesgo es alto por tres factores concretos: ocupación por arrendatario con contrato de vivienda habitual (fecha 01/08/2025), lo que dificulta el desalojo; adquisición de solo el 50 % del pleno dominio, con la complejidad de compartir propiedad con un copropietario; e hipoteca preferente cancelada económicamente pero sin cancelación registral, que podría generar gastos y demoras. Además, hay discrepancias entre el registro y el catastro que deben aclararse para evitar sorpresas.

El precio de salida (32.823,79 €) está muy por debajo del valor de mercado estimado, que oscila entre 193.923,84 € y 246.812,16 €, lo que supone un descuento superior al 80 % sobre el valor real. Sin embargo, se adquiere únicamente el 50 % del pleno dominio, lo que implica compartir la propiedad con un copropietario ya identificado. El potencial de rentabilidad es alto si se logra una puja muy por debajo del mercado, pero la puja máxima recomendada por nuestro sistema es de 133.620,34 €. La competencia en subasta puede elevar el precio final, reduciendo el margen.