Se trata de una subasta judicial penal (arts. 367 quáter y quinquies LECrim) donde se enajena un vehículo decomisado. La tasación de 8.165 € es orientativa; el valor de subasta es 4.082,50 €. No hay depósito, pero las pujas pueden ser secretas. Al tratarse de un bien decomisado, es posible que existan cargas ocultas (multas, embargos) que no aparezcan en el registro de bienes muebles. Se recomienda verificar en la DGT antes de pujar.

El nivel de riesgo es medio (40/100) porque, aunque no constan cargas económicas cuantificadas en el registro de bienes muebles, se advierte de la posible existencia de cargas en la DGT no consultadas. El vehículo se entrega en el estado en que se encuentra, sin garantía mecánica, con 187.639 km y sin posibilidad de reclamación. Los gastos de traslado, impuestos y regularización administrativa no están incluidos, lo que añade incertidumbre económica. No hay depósito exigido, lo que reduce la barrera de entrada pero también puede indicar una subasta con menor protección para el postor.

El precio de salida (4.082,50 €) y la puja actual (4.200 €) representan un descuento significativo: un 50 % y un 48,5 % respectivamente bajo los 8.165 € de tasación oficial, y entre un 41 % y un 54 % por debajo del valor de mercado estimado (7.185–9.144 €). Sin cargas cuantificadas documentalmente, el riesgo financiero es menor, pero la falta de información mecánica y los trámites adicionales (ITP, traslado, regularización) reducen la certeza de la oportunidad. La valoración automática sugiere una puja máxima de 4.996,22 €, por lo que aún hay margen respecto a la puja actual.